Que el 2016 nos traiga mucha agua (potable)

América Latina y el Caribe albergan más del 30% de agua dulce del planeta, desde los glaciares de las montañas de los Andes, hasta los bosques de los volcanes en Centroamérica. Sin embargo, un cuarto del territorio de la región está cubierto por zonas áridas. Y aunque solo seamos un 6% de la población mundial, los efectos del cambio climático a través de inundaciones y sequias han aumentado en intensidad y frecuencia, afectando peligrosamente las fuentes de agua, tanto en los pueblos como en las ciudades. Por ende, brindar acceso a servicios de agua y saneamiento de calidad a poblaciones cada día más urbanas no será tarea fácil.

En las últimas dos décadas, la región de América Latina y el Caribe ha estado a la altura de los desafíos en términos de acceso: entre 1990 y el 2015, más de 220 millones de personas (de un total de 600 millones) se incorporaron a los servicios de agua y saneamiento. El porcentaje de personas con acceso a mejores servicios de agua pasó del 85% al 95% y en saneamiento adecuado el porcentaje aumentó del 67% al 83%.

Pero no podemos quedarnos ahí. Hoy todavía quedan 34 millones de personas sin acceso a agua, y las cifras son más alarmantes para saneamiento: 106 millones no cuentan con acceso a uno adecuado y 19 millones defecan al aire libre. Como es de esperar, las estadísticas son aún más alarmantes para los más vulnerables y las zonas más remotas del continente. La gran disparidad urbana-rural, se traduce en una cobertura de los servicios de agua y saneamiento rural en el 2015 (84% y 64%, respectivamente) semejante a la cobertura del sector urbano 25 años atrás.

¿Por qué persisten estas brechas en cobertura? Podríamos pensar que se trata de un tema de financiamiento. En efecto, como región, en los últimos 25 años, hemos invertido menos de medio punto porcentual de nuestro producto interno bruto en nueva infraestructura de agua y saneamiento. Enfrentamos también un reto en el mantenimiento de nuestras redes existentes. Por ejemplo, del total del agua producida, aproximadamente la mitad se pierde en las redes debido a fugas, principalmente, físicas.

A este panorama se añade el desafío de cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, adoptados a finales de septiembre en la 70 Asamblea General de Naciones Unidas, que plantean una agenda de desarrollo sostenible ambiciosa para 2030. El Objetivo 6, se centra en asegurar la disponibilidad y el manejo sostenible del agua y saneamiento para todos. Lo que implica que los gobiernos no solo deben trabajar para garantizar la calidad del servicio. También deben reducir la contaminación de las aguas residuales, reforzar la gobernanza del agua, incrementar la eficiencia en el uso de nuestros recursos hídricos y proteger nuestro capital natural.

¿De cuánto financiamiento estamos hablando para lograr este objetivo en los próximos 15 años? Aquí algunas cifras: solo para lograr acceso universal en agua, la región necesitaría invertir, como mínimo, 28.000 millones de dólares, y la inversión en saneamiento necesitaría ser aún mayor: 49.000 millones. Esto implicaría un ritmo de inversión de unos 5.100 millones de dólares al año.

En tratamiento de aguas residuales aún estamos muy rezagados: a nivel regional se estima que solo se trata el 18% de las aguas negras generadas, en comparación al 60%, en promedio, en países de altos ingresos. Para el 2030, necesitaríamos reducir el porcentaje de aguas no tratadas a la mitad, lo que requeriría una inversión, solo en los grandes centros urbanos, de otros 30.000 millones de dólares.

Además de lograr el acceso universal, tenemos el reto de mejorar la calidad del servicio para los que ya están conectados a la red. Se estima que unas 200 millones de personas reciben un servicio discontinuo de menos de 24 horas por día. Salvo excepciones, la región tampoco cuenta con datos sobre calidad/potabilidad del agua.

¿Cómo puede entonces América Latina y el Caribe implementar, medir y monitorear efectivamente este nuevo Objetivo 6? Por fortuna, contamos con experiencias de éxito de las que aprender, como en el caso de Medellín y otras grandes ciudades como Montevideo, Monterrey, Quito, San Pablo o Santiago, donde se ha venido trabajando exitosamente en garantizar acceso sostenible y de calidad a todos los ciudadanos.

La clave está en reforzar las instituciones del sector para asegurar una buena provisión de servicios y conservación del agua, además de asegurar fuentes de financiamiento tanto públicas como privadas, nacionales e internacionales. El reto al cual nos enfrentamos es grande, pero no se puede hablar de desarrollo sostenible sin garantizar agua y saneamiento de calidad para todos.