El agua salvará nuestras ciudades

  • La costra de asfalto, metal y hormigón de las ciudades crece más rápido de lo que creíamos, y acapara y ensucia cada vez más agua. La Nueva Agenda Urbana marca una hoja de ruta para la sostenibilidad, pero es preciso avanzar un paso más hacia la regeneración de las grandes urbes. El agua y el saneamiento son a la vez objetivo y solución.

El 3 % de la superficie terrestre del planeta está ocupado por las ciudades. Es un área equivalente a casi nueve veces la de España: un total de 4.468.200 km2 de hormigón, ladrillo y asfalto cubren lo que antaño eran principalmente bosques y campos, y también muchos lagos y ríos. Sobre esta costra en expansión vive actualmente más de la mitad de los habitantes del planeta, unos 3.700 millones de personas, pero últimamente la masa urbana está creciendo más que su población.

Skyline de Singapur. ©Tekgator

Son datos obtenidos por el Global Rural-Urban Mapping Project (GRUMP), una iniciativa de la NASA que analiza las imágenes satelitales de la superficie de la Tierra. Este modelo analiza en tiempo real el avance del tejido urbano y proporciona datos que contradicen las previsiones geográficas realizadas hasta hace poco: la “mancha” urbana ha crecido mucho más rápido de lo que creíamos y lo seguirá haciendo.

El modelo, conjuntamente con las previsiones de crecimiento demográfico de las Naciones Unidas, augura que hacia 2035 el 80% de la población del planeta vivirá en ciudades, una proporción que ya se da en muchos países en vías de desarrollo. Si seguimos a este ritmo, en 2050, la población urbana habrá aumentado en 2.800 millones.

Son cifras que preocupan, especialmente desde el punto de vista del agua. ¿Habrá capacidad de suministro? ¿Se podrá depurar y sanear de forma suficiente y sostenible? ¿Cuál será la alteración del ciclo del agua en la Tierra debida a las ciudades?

Estas preguntas aún no tienen una respuesta certera pero la ciencia y los gobiernos trabajan duro para responder con soluciones. En opinión de la arquitecta y urbanista Zaida Muxí aún estamos a tiempo de moderar el crecimiento urbano y regenerar las ciudades.

La Nueva Agenda Urbana: desarrollo inclusivo y sostenible

El problema del agua y el saneamiento en las ciudades ha presidido la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano SostenibleHábitat III, que se celebró en Quito del 17 al 20 de octubre. La conferencia ha culminado con la edición de la Nueva Agenda Urbana (NUA) que servirá como hoja de ruta internacional en la implementación de un nuevo modelo de desarrollo urbano inclusivo y sostenible.

Las masas urbanas tienden a ser más extensas y menos densas, justo lo contrario de lo que se necesita para que los servicios públicos, como el suministro de agua y el saneamiento, puedan ser eficientes y asequibles

Esta hoja de ruta estará sin duda muy presente en los debates de la próxima Smart City Expo World Congress (SCEWC) que se celebrará en Barcelona del 15 al 17 de noviembre, ya que es evidente que sin asegurar la gestión del agua y el saneamiento no se puede hablar de inteligencia urbana.

¿Por qué las ciudades generan tantos problemas relacionados con el agua? En primer lugar porque las grandes aglomeraciones de personas necesitan un gran volumen de agua que tiene que ser suministrado desde el exterior. Casi el 13 % del agua dulce que se extrae en el mundo va destinado a usos domésticos, la gran mayor parte en las ciudades, y este agua tiene que ser tratada para garantizar su salubridad. Muchas grandes ciudades del mundo no pueden garantizar este suministro y la mayor parte de éstas son las que más crecen en población.

Según el Informe Mundial de Ciudades 2016, emitido por ONU Hábitat, el programa de Naciones Unidas que trabaja por un mejor futuro urbano, una de las claves es controlar la relación entre superficie y densidad demográfica, ya que las grandes ciudades están creciendo en superficie en torno a tres y cuatro veces más que el incremento de su población. Es decir, las masas urbanas tienden a ser más extensas y menos densas, justo lo contrario de lo que se necesita para que los servicios públicos, como el suministro de agua y el saneamiento, puedan ser eficientes y asequibles.

Las grandes ciudades que crecen en base a movimientos migratorios descontrolados tienden a generar bolsas de pobreza a las que lo primero que falta es el agua y el saneamiento en una clara vulneración de los derechos humanos de sus habitantes. Los objetivos de la NUA respecto al agua y el saneamiento son claros: es preciso desarrollar las infraestructuras necesarias para garantizar el acceso universal y equitativo, y asegurar que dicha infraestructura forme parte de planes que articulen las necesidades de vivienda y movilidad. No se podrá acabar con los tugurios sin alianzas sólidas entre los gobiernos, el sector privado, la sociedad civil, las ONG y las acciones de las las Naciones Unidas.

Niños en los barrios marginales de Kalyanpur, uno de los suburbios urbanos de Dhaka, Bangladés. ©UN Photo/Kibae Park

El segundo gran problema de las grandes urbanizaciones es la depuración del agua. La contaminación doméstica, sobre todo la debida a los contaminantes emergentes, obliga a una constante inversión pública en tecnologías de depuración que es uno de los factores que comprometen la sostenibilidad de la ciudad. En el caso de los tugurios el problema es la ausencia de saneamiento, una deficiencia que los convierte en focos de contaminación fecal permanente e imposibles de controlar. Estas ciudades suponen una grave agresión medioambietal pues extienden sus residuos mucho más allá de su entorno.

Por otra parte, la coraza de edificios y pavimento es una barrera que impide que el agua de lluvia penetre en la tierra y alimente los acuíferos. La falta de planificación en la expansión de calles y casas provoca que las escorrentías sean cada vez más violentas y provoquen inundaciones que casi siempre afectan a los barrios más pobres.

A la alteración hidrológica tenemos que sumarle la contaminación atmosférica y la alteración climática. A este respecto, las urbes de la Tierra se han convertido en modelos de insostenibilidad: consumen entre el 60 y el 80% de los recursos energéticos, emiten el 70% de gases de efecto invernadero y generan microclimas nocivos debido a la acumulación de calor y humedad, y la falta de renovación del aire.

La ciudad regenerativa es posible

Es preciso avanzar más allá del modelo clásico de sostenibilidad y adoptar el de regeneración. Según Stefan Schurig, director de clima, energía y ciudades del The World Future Council, la ciudad debe generar tantos recursos como consume y aboga por el modelo de “ciudad regenerativa”, un término que ya ha sido adoptado por la ONU como un modelo que “beneficia a los ecosistemas naturales, impulsa la economía local, mejora la cohesión y la salud de los barrios y aumenta su capacidad de recuperación“.

La regeneración de las ciudades es imprescindible para alcanzar los objetivos medioambientales de la COP 21 y de desarrollo sostenible (ODS) en los que recuperar el agua es a la vez objetivo y solución. Y es posible. Uno de los proyectos urbanísticos más ambiciosos en este sentido es el de México, Ciudad Lacustre, del arquitecto Alberto Kalach, en el que podemos ver que por más que una gran ciudad haya maltratado la naturaleza siempre hay algo que podemos hacer para paliar el daño: recuperar el agua.

Amazonía Viva 2016: Guía para un futuro sostenible en la selva tropical más grande del mundo

La Amazonía está bajo presión por actividades económicas insostenibles y está sufriendo cambios sin precedentes, según el Informe Amazonía Viva 2016 de WWFpublicado esta semana. El informe destaca las realidades regionales y globales que están causando un impacto sobre la Amazonía, y demuestra por qué la cooperación regional es crítica para su mantener sus funciones ecológicas en el futuro.

La Amazonía se extiende por ocho países y un territorio de ultramar. Es el hogar de 34 millones de personas, 350 grupos indígenas y una décima parte de las especies del planeta. De acuerdo con el informe de WWF, más de 2.000 nuevas especies de plantas y vertebrados se han descrito en la Amazonía desde 1999.

A pesar de la diversidad y la importancia crítica del sistema de selva tropical más grande del mundo, el informe advierte sobre el dramático aumento de las acciones legislativas dirigidas a degradar, reducir el tamaño o descatalogar las áreas protegidas en la Amazonia (un proceso conocido como PADDD). Por ejemplo, existen unos 250 proyectos propuestos para construir represas en los ríos de la Amazonía, y más de 20 proyectos de construcción de carreteras están abriéndose paso a través de sus bosques.

El informe proporciona el análisis de WWF sobre la pérdida de bosques en la Amazonía, incluyendo los 31 “frentes de deforestación” que están poniendo una gran presión sobre la integridad del bosque. Dentro de las diversas actividades, la agricultura y la ganadería lideran el uso insostenible de los recursos.

De acuerdo con el informe, la Amazonía es esencialmente una sola unidad ecológica que no puede ser conservada únicamente por actividades a nivel nacional, debido a la naturaleza multinacional y multi-escala de las presiones a las que se enfrenta.

El informe hace hincapié en la necesidad de abordar las partes interdependientes del bioma en su conjunto, para asegurar la viabilidad de todo el sistema y los bienes y servicios que presta a la población local, los países de la región y el mundo.

Las recomendaciones del informe combinan el desarrollo, la conservación y la necesidad de dar un enfoque integrado en la planificación nacional y regional.

El informe ofrece principios clave para el futuro de la Amazonia y una guía de cómo este futuro sostenible se puede poner en marcha a través del apoyo de los sistemas naturales, las personas, las estructuras económicas y de gobierno.

Enlace original: http://www.iagua.es/noticias/wwf/16/06/14/amazonia-viva-2016-guia-futuro-sostenible-selva-tropical-mas-grande-mundo?utm_source=Suscriptores+iagua&utm_campaign=edc6084b4e-Diario_15062016&utm_medium=email&utm_term=0_8ff5bc1576-edc6084b4e-304810185

 

El sur de España, condenado a convertirse en un desierto

  • El cambio climático causará estragos en el Mediterráneo. Según un nuevo estudio, si la temperatura aumenta más de 1,5 ºC respecto a los niveles preindustriales –lo que algunos científicos ya consideran irreversible– los cambios en los ecosistemas mediterráneos, sin precedentes en los últimos 10.000 años, convertirán al sur de la Península en una zona desértica.

El Acuerdo de París se marcó como objetivo no sobrepasar los 2 ºC de aumento de la temperatura respecto a los niveles preindustriales y, como límite ideal, 1,5 ºC. Según un estudio que publica la revista Science, si el aumento de las temperaturas es igual o superior a 2° C se generarán cambios en los ecosistemas mediterráneos que no tienen comparación en nuestra era geológica, el Holoceno, período caracterizado por recurrentes déficits de precipitación.

Joel Guiot de la Universidad Aix-Marseille (Francia) y Wolfgang Cramer, del Instituto Mediterráneo de Biodiversidad y Ecología francés, utilizaron núcleos de polen de sedimentos del Mediterráneo para reconstruir la variabilidad del clima y del ecosistema de los últimos 10.000 años. Después, utilizaron esta información en diferentes modelos para predecir futuros cambios en la temperatura del ecosistema.

“Los granos de polen se diseminan por la vegetación. Cada especie tiene un tipo de polen con una morfología específica. Se toman muestras del núcleo y se cuentan según su tipo. Cuando nos encontramos muchos granos de polen de roble, podemos decir que la vegetación era templada y húmeda; si hallamos más de árboles boreales (abeto, picea) el clima era más frío”, declara Guiot a Sinc.

Cada muestra de polen proporciona a los científicos una imagen de la vegetación del pasado. Con estos datos, y utilizando diferentes modelos de simulación, pudieron inferir el clima para cada tipo de vegetación.

Solo si no se sobrepasa los 1,5 ºC de incremento, los cambios en los ecosistemas estarían dentro de los límites del Holoceno

Algunos de los simulacros que llevaron a cabo analizaban el futuro que le espera al planeta si no se hace nada para mejorar la situación. Un segundo conjunto de simulaciones se hicieron suponiendo que se respeten los objetivos propuestos por los gobiernos en la Conferencia de París COP21. En ambos casos, el cambio ecológico que se prevé excede con creces el que ocurrió durante el Holoceno.

“Hicimos un análisis de varias decenas de miles de muestras de polen en toda la región mediterránea durante los últimos 10.000 años, en los que no encontramos grandes cambios de temperatura, pero sí en la precipitación”, explica Guiot.

Respecto al Acuerdo de París, el objetivo que los gobiernos deben alcanzar aún queda lejos, se lamenta el científico: “Por el momento, las propuestas aún no son compatibles con el objetivo de 2° C. Están más cerca de los 3° C”, añade.

En los primeros escenarios de sus simulaciones, si no se hace nada por limitar el calentamiento global, todo el sur de España se convertirá en un desierto, los bosques caducifolios invadirán las montañas y los matorrales reemplazarán a la mayoría de los bosques caducifolios de gran parte de la cuenca del Mediterráneo.

Solo en las condiciones en las que el calentamiento global se limitase a 1,5 °C por encima de las temperaturas preindustriales, los cambios en los ecosistemas permanecerán dentro de los límites experimentados durante el Holoceno.

El cambio climático ya está presente en el Mediterráneo

Las temperaturas regionales en la cuenca mediterránea son actualmente 1,3 °C mayores que durante el período 1880-1920, en comparación con el aumento de 0,85 °C en todo el mundo.

Las temperaturas regionales en la cuenca mediterránea son actualmente 1,3 °C mayores que durante el período 1880-1920

Este incremento extra en la temperatura es relevante dado que los ecosistemas de la cuenca del Mediterráneo constituyen una zona importante de la biodiversidad mundial y suministran numerosos servicios a las personas, como agua limpia, protección contra las inundaciones, depósitos de carbono y lugares de recreo.

“En general, la región más afectada se encuentra en el norte de África, Oriente Próximo y el sur de Europa, con una desertificación debido al clima y al impacto humano como la agricultura intensiva y la urbanización”, apunta Guiot.

Sin embargo, este análisis no explica otros impactos humanos sobre los ecosistemas, tales como el cambio en el uso de la tierra, la urbanización y la degradación del suelo, muchos de los cuales probablemente aumenten en el futuro debido a la expansión de la población humana y la actividad económica, según indican los autores.

Enlace original: http://www.iagua.es/noticias/espana/agencia-sinc/16/10/28/sur-espana-condenado-convertirse-desierto?utm_source=Suscriptores+iagua&utm_campaign=5fe04acb1a-Diario_Lunes_31102016&utm_medium=email&utm_term=0_8ff5bc1576-5fe04acb1a-304810185

¿Cómo reacciona el cloro con la materia orgánica presente en el agua?

  • Rafael J. García-Villanova, catedrático de la Universidad de Salamanca, ha estudiado durante más de dos décadas la formación en el agua clorada de moléculas potencialmente peligrosas para la salud.

Rafael J. García-Villanova, catedrático de Nutrición y Bromatología de la Universidad de Salamanca, ha publicado la obra ‘Subproductos de desinfección-cloración del agua’, en la que analiza cómo el cloro reacciona con la materia orgánica presente de manera natural en las aguas, dando lugar a moléculas potencialmente tóxicas.

El cloro es el reactivo universal, con gran diferencia el más usado para la desinfección”, explica el autor. Su función es inactivar a los microorganismos patógenos, y en la actualidad se utiliza de forma generalizada desde que a principios del siglo XX comenzara de forma lenta y progresiva su aplicación. Su principal acción se produce sobre las bacterias del agua, mientras que puede ser menos eficaz para otros patógenos, como algunos virus y aún menos eficaz frente a protozoos. No es la única opción para la desinfección del agua, pero es la más barata y la que requiere una menor cualificación del personal en su aplicación.

Sin embargo, en la década de los setenta se conoció que, de forma inevitable, genera subproductos resultantes de su reacción con la materia orgánica natural de las aguas, que procede de su contacto con el suelo y el material vegetal. Las aguas llegan así a las plantas de potabilización urbanas donde, en contacto con el cloro, esta materia orgánica produce moléculas de pequeño tamaño, cuyo consumo continuado a lo largo de la vida podría tener alguna responsabilidad en determinados tipos de cáncer o afectar a la reproducción en algunos de sus estadios.

En 1998, la directiva 98/83 de la Comisión Europea estableció la obligación de reducir la cantidad de un grupo de estos compuestos, los trihalometanos, a un valor máximo de 100 microgramos por litro de agua. El Gobierno español solicitó una moratoria de 10 años para conseguirlo, argumentando que los países del sur de Europa se suelen abastecer mayoritariamente de aguas superficiales, que arrastran más carga orgánica, aparte de tener mayores temperaturas, otro factor importante. Las mediciones de estos compuestos daban resultados tan elevados que se hacía necesario realizar modificaciones importantes en los tratamientos de potabilización.

El equipo de Rafael García-Villanova estudió y monitorizó la situación en Castilla y León, donde las aguas de corrientes fluviales usadas para abastecimiento de algunas poblaciones presentaban características naturales de su materia orgánica que les conferían un elevado potencial de formación de trihalometanos, lo que obligaba a extremar la selección y optimización del tratamiento. En el año 2007, uno antes de cumplirse el plazo necesario para lograr el objetivo que marcaba Europa, todas las plantas potabilizadoras de la comunidad controladas habían logrado reducir esos valores por debajo del nuevo límite, todo “un éxito y una garantía de seguridad” para los ciudadanos.

Así mismo ocurrió en el resto de España. Muchas poblaciones tuvieron que optimizar o introducir medidas novedosas, como coagular más eficazmente u oxidar esa materia orgánica de forma previa, optimizar la dosificación de cloro, combinarla con cloraminas, aplicar desinfectantes-oxidantes alternativos o introducir carbón activo en los filtros. A pesar de todo, las investigaciones prosiguen, puesto que la evolución de los instrumentos analíticos hace que recientemente se hayan detectado otros subproductos de cloración, si bien en cantidades extremadamente pequeñas, por ejemplo nitrosaminas, también clasificadas como sospechosas de carcinogenicidad.

 La dificultad de realizar estudios epidemiológicos

Es difícil establecer una relación epidemiológica entre el consumo de agua clorada y las enfermedades, por diversos factores”, apunta el científico. Los estudios son retrospectivos y necesitan décadas de observación en personas que consumieran las mismas aguas, con el mismo tratamiento, y aun así pueden depender de muchos otros factores de difícil control por los investigadores.

 En cada lugar pueden transportar diferente tipo de materia orgánica y, por lo tanto, producir subproductos muy diversos al contacto con el cloro

Además, no todas las aguas son iguales. En cada lugar pueden transportar diferente tipo de materia orgánica y, por lo tanto, producir subproductos muy diversos al contacto con el cloro. De hecho, ya se han descrito más de 600 y pueden ser tan variados porque dependen del tipo de vegetación propio de cada lugar que entre en contacto con las aguas, así como del tipo de suelo o de clima.

Por otra parte, la manera en la que estas pequeñas concentraciones puedan afectar a cada persona también es muy diversa. La carga genética particular puede predisponer a desarrollar o no determinadas enfermedades tras una larga exposición. Realizar estudios epidemiológicos sobre este tema resulta extremadamente complejo, y los muchos ya publicados reconocen ofrecer resultados cuestionables, salvo quizá para el cáncer de vejiga urinaria. Además, se desconoce qué responsabilidad puede tener cada uno de los subproductos que contienen las aguas cloradas. Hay estudios que atribuyen hasta un 20% de los cánceres de vejiga a la exposición prolongada a ellos, mientras que el otro 80% estaría relacionado con factores alimentarios, ambientales o de estilo de vida.

En cualquier caso, hoy por hoy no es fácil encontrar una alternativa al cloro que pueda ser económicamente viable para toda población o país. El empleo de ozono o radiación ultravioleta está extendido en muchos abastecimientos, pero es costoso en instalaciones, consumo y cualificación del personal, y hoy se sabe que tampoco está exento del riesgo a otros subproductos ahora conocidos. Los responsables de salud pública, valoran como prioritario el objetivo de la cloración, es decir, mantener exenta el agua de microorganismos patógenos, frente a una probabilidad incierta de que a largo plazo pudieran derivarse efectos adversos sobre la salud.

La obra monográfica de Rafael García-Villanova recoge todas estas cuestiones, las aportaciones científicas más recientes al problema, y su experiencia de 25 años de investigación aplicada a la salud pública.

 

Enlace original: http://www.iagua.es/noticias/espana/universidad-salamanca/16/10/20/como-reacciona-cloro-materia-organica-presente-agua?utm_source=Suscriptores+iagua&utm_campaign=7fafcc3347-Semanal_22102016&utm_medium=email&utm_term=0_8ff5bc1576-7fafcc3347-304810185

España se enfrenta a 46 millones de euros de multa por no tratar el agua residual en 17 ciudades

  • La Comisión lleva de nuevo a España ante el Tribunal de Justicia por demorar la adopción de medidas oportunas en 17 aglomeraciones urbanas
  • La Comisión reenvía a España ante el Tribunal de Justicia de la UE por no cumplir total e íntegramente la sentencia del Tribunal de 2011. Las autoridades autonómicas deben garantizar que las aguas residuales urbanas sean debidamente recogidas y tratadas en 17 aglomeraciones del país para prevenir riesgos graves para la salud humana y el medio ambiente.

El 14 de abril de 2011 el Tribunal de Justicia de la UE dictaminó (Asunto C-343/10) que las autoridades españolas estaban infringiendo la legislación de la UE al no recoger y tratar adecuadamente las aguas residuales urbanas vertidas por 37 aglomeraciones (ciudades y urbanizaciones).

Cinco años más tarde, la cuestión sigue sin encontrar solución en 17 de las 37 aglomeraciones cubiertas por la sentencia, hecho que afecta a 1 400 000 personas.l Además, más de quince años después de la fecha límite para la aplicación de las normas de la Unión (31 de diciembre de 2000, véase la Directiva 91/271/CEE del Consejo), la conformidad de todas estas aglomeraciones plantea dudas. La falta de un nivel adecuado de recogida y tratamiento de las aguas residuales plantea riesgos significativos para la salud humana, las aguas interiores y el medio marino.

La Comisión pide al Tribunal de Justicia de la UE que imponga con fecha actual una multa a tanto alzado por un importe de 46.522.999 euros. La Comisión propone también una multa diaria de 171 217,40 EUR si no se logra el pleno cumplimiento en la fecha en que el Tribunal dicte su segunda resolución. Las sanciones propuestas tienen en cuenta la duración de la infracción, su gravedad y el tamaño del Estado miembro. La decisión definitiva sobre las sanciones corresponde al Tribunal de Justicia de la UE.

Cinco años más tarde, la cuestión sigue sin encontrar solución en 17 de las 37 aglomeraciones cubiertas por la sentencia

El reenvío ante el Tribunal es necesario para asegurar la conformidad con la normativa en esas 17 aglomeraciones, dado el deficiente progreso registrado hasta la fecha.

Contexto

La Directiva sobre el tratamiento de aguas residuales urbanas (Directiva 91/271/CEE del Consejo) establece que los Estados miembros deben garantizar que las aglomeraciones (ciudades y urbanizaciones) recojan y traten correctamente sus aguas residuales urbanas. Las aguas residuales no tratadas pueden quedar contaminadas por bacterias y virus nocivos y representar, por tanto, un riesgo para la salud pública. Asimismo, contienen nutrientes, como nitrógeno y fósforo, capaces de dañar las aguas dulces y el medio marino, al favorecer la proliferación excesiva de algas que asfixian otras formas de vida (eutrofización).

Con arreglo a la Directiva, las ciudades con más de 15.000 equivalentes habitante que viertan sus aguas residuales en aguas receptoras que no se consideren «zonas sensibles» debían disponer de sistemas de recogida y tratamiento de aguas residuales para el 1 de enero de 2001. Como consecuencia de ello, los Estados miembros deben velar por que las aguas se recojan y traten adecuadamente antes de ser vertidas en el medio ambiente.

Son 17 las aglomeraciones implicadas en este asunto: Matalascañas, Alhaurín el Grande, Isla Cristina, Tarifa, Coín, Estepona-San Pedro de Alcántara y, respectivamente, Nerja y Barbate (Andalucía), Gijón Este (Asturias), Santiago de Compostela, Aguiño-Carreira-Ribeira y, respectivamente, Vigo (Galicia), Benicarló, Peñíscola y, respectivamente, Teulada-Moraira (Comunidad Valenciana), Noreste (Valle Guerra) y Valle de Güímar (Tenerife, Islas Canarias).

Otros Estados miembros (Bélgica, Grecia, Luxemburgo y Portugal) ya han sido objeto de sanciones en casos similares.

 

Enlace orginal: http://www.iagua.es/noticias/espana/comision-europea/16/11/17/espana-se-enfrenta-46-millones-euros-multa-no-tratar-agua?utm_source=Suscriptores+iagua&utm_campaign=175eeb1a25-Semanal_19112016&utm_medium=email&utm_term=0_8ff5bc1576-175eeb1a25-304810185

La Junta aprueba el anteproyecto de ley para la promoción de una vida saludable y una alimentación equilibrada

Andalucía es la primera comunidad que da el máximo rango normativo a la lucha contra la obesidad, como problema prioritario de salud pública

 

El Consejo de Gobierno ha aprobado el anteproyecto de Ley para la Promoción de una Vida Saludable y una Alimentación Equilibrada, que establecerá las bases de las políticas contra la obesidad en Andalucía. Este problema de salud pública afecta actualmente al 18,7% de la población adulta y al 22,5% de los menores.

Es la primera vez que una comunidad autónoma regula con el máximo rango normativo el tratamiento de la obesidad y de los trastornos de la conducta alimentaria en general, con especial atención a la infancia, la adolescencia, las mujeres embarazadas, las personas mayores y los grupos de población más desfavorecidos socialmente.

El anteproyecto sigue las recomendaciones de organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud en el sentido de implicar a la sociedad en su conjunto, sobre todo administraciones públicas, sectores empresariales, medios de comunicación y empresas de publicidad. En su elaboración han participado alrededor de 250 personas de diferentes colectivos, entre los que destacan representantes de asociaciones de pacientes, consumidores y padres y madres de centros educativos; miembros de sociedades científicas y colegios profesionales; medios de comunicación, y empresarios de los diferentes sectores afectados.

La futura ley establece el derecho de la población andaluza a la información, el conocimiento, la promoción, la prevención y la participación en las iniciativas de salud pública vinculadas con la alimentación equilibrada, la actividad física y el entorno físico y psicosocial saludable. Para hacerlo efectivo, se establecen medidas como la exigencia de disponer de menús saludables y de diferentes tamaños de raciones en los establecimientos de restauración; tener alternativas de adquisición de alimentos frescos y perecederos en cantidades de peso o unidades adaptadas a la composición de las unidades familiares; habilitar aparcamientos de bicicletas en los lugares de trabajo con más de 50 trabajadores o, en su defecto, en las inmediaciones, y garantizar el acceso gratuito al agua potable en todos los lugares públicos.

Para las personas que padecen obesidad o trastornos de la conducta alimentaria, se reconoce el derecho a una atención sanitaria integral y continuada, así como al pleno respeto a su dignidad personal y a la no discriminación social, laboral o sanitaria por razón de su problema de salud. Entre otras medidas, se pondrán en marcha planes de formación específica de prevención y tratamiento de esta patología dirigida a los profesionales, además de incorporar la materia a los programas curriculares de Ciencias de la Salud.

El texto también prevé la elaboración del Plan Andaluz para la Promoción de la Actividad Física y la Alimentación Saludable, con medidas de garantía de derechos que se extenderán a centros educativos, universidades, espacios de ocio infantil y juvenil, empresas, establecimientos de restauración y centros de personas mayores y con discapacidad, así como de promoción del transporte activo, de los entornos que favorecen el ejercicio y de los espacios para facilitar la lactancia materna.

Por otro lado, la futura ley regulará la elaboración de ‘cartas de compromiso’ y el establecimiento de un distintivo oficial para las entidades pública y privadas que promueven los hábitos de vida saludables.

Centros educativos

Entre otras medidas concretas previstas en materia educativa, los centros docentes tendrán un plazo máximo de cuatro años para establecer un tiempo mínimo recomendable de cinco horas efectivas semanales de actividad física. En esta línea, se fomentarán igualmente los juegos y recreos activos y se ampliará la oferta de actividades extraescolares que incluyen ejercicio.

La norma también eleva a rango legal las medidas que actualmente desarrolla la Junta para garantizar los menús saludables en los comedores escolares, con utilización de productos locales y regionales y de temporada basados en la dieta mediterránea. Se prevén igualmente iniciativas para la distribución de frutas y verduras y la participación del alumnado en programas de granjas escuelas y huertos escolares, con prioridad para las zonas con necesidades de transformación social.

Los planes de formación del profesorado incluirán materias de promoción de hábitos saludables, alimentación equilibrada y actividad física, mientras que en las universidades andaluzas se facilitará la configuración de ofertas docentes de postgrado que aborden los problemas de la alimentación y la nutrición, la dieta mediterránea y la actividad física orientada a la prevención del sobrepeso y la obesidad.

Una medida clave de la futura norma andaluza será la de garantizar el acceso gratuito al agua potable en los centros educativos, lugares públicos y centros de ocio infantil. De este modo se promoverá la dotación de fuentes en estos espacios y se exigirá a las empresas de máquinas expendedoras de productos alimentarios que ofrezcan agua refrigerada gratuita a través de sus dispositivos o junto a ellos. Además, los bares y restaurantes deberán disponer para sus clientes de un recipiente con agua fresca y vasos, de forma gratuita y complementaria a la oferta del establecimiento.

Medidas en publicidad

El anteproyecto incluye limitaciones en la publicidad comercial de alimentos y bebidas no alcohólicas dirigida a menores de 15 años. De este modo, se evitará incentivar el consumo inmoderado de productos hipercalóricos, usar argumentos o técnicas que exploten la ingenuidad de los menores o generar expectativas referidas a que su ingesta proporcione sensación de superioridad. El Consejo Audiovisual de Andalucía será el responsable de velar por el cumplimiento de la normativa.

El texto limita la publicidad de bebidas y alimentos envasados en centros educativos y especifica que los que se vendan no podrán sobrepasar un valor energético de 200 kilocalorías, no tendrán un alto contenido en ácidos grasos saturados, ácidos grasos trans, sal o azúcares o no contendrán cafeína u otras sustancias estimulantes. Además, en los institutos de Secundaria se mostrará, en lugar visible al público, la cantidad de calorías netas por porción envasada de los productos que se ofrezcan tanto en sus máquinas expendedoras como en sus áreas de restauración.

Por último, la normativa cataloga como infracciones graves la dispensación en centros educativos de menús no adaptados a las necesidades nutricionales del alumnado o con desequilibrios del aporte calórico, o la utilización de alimentos o bebidas con alto contenido en ácidos grasos saturados, ácidos grasos trans, sal y azúcares añadidos; la publicidad de alimentos en áreas sanitarias donde se atiende a menores, o la inobservancia de las medidas de oferta relativas a la accesibilidad gratuita a agua potable en los términos establecidos en esta ley, entre otros.

Noticia Original: http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/salud/115959/consejo/gobierno/anteproyecto/ley/promocion/vida/activa/alimentacion/equilibrada/andalucia/junta

En Andalucía los bares tendrán que dar agua gratis. ¿Y en el resto de España?

Los bares y restaurantes de Andalucía tendrán que tener a disposición de sus clientes, gratis, un “recipiente con agua fresca y vasos”. Es algo que cada vez se ve en más establecimientos, pero no porque estén obligados. Sí lo estarán en esa comunidad autónoma si se aprueba la ley para la promoción de una vida saludable y una alimentación equilibrada.

En Castilla y León, desde abril de este año, un decreto prohíbe también a los negocios de hostelería cobrar por el uso de los aseos o por “el consumo de agua no envasada”.

En el resto del país, según explica a Verne Rubén Sánchez, portavoz de la organización de defensa de los consumidores FACUA, hay locales tan “roñosos” que cobran el agua del grifo, pero que no incumplen ninguna ley.

Cuando no hayan incluido el agua en la lista de precios, que debe estar en un lugar bien visible, no podrán cobrarla, sin embargo. Sánchez aclara que esta lista no es necesariamente la carta, donde a veces no se incluyen los precios de bebidas como refrescos.

El típico cartel de “no servimos agua del grifo” es por tanto perfectamente legal en la mayoría del país, aunque en los establecimientos nuevos cada vez es más habitual.

Lo que no pueden hacer es cobrar por el hielo, el agua en estado sólido. Sánchez, que en su libro Timocracia. 300 trampas con las que empresas y gobiernos nos toman el pelo a los consumidores le dedica un capítulo a los restaurantes, afirma que esta práctica es ilegal y que sería como si cobrasen también por el vaso en el que te sirven un refresco. Solo sería admisible “aunque es cutre”, si hiciesen una distinción por ejemplo en los precios del café y le asignasen un precio más alto al café con hielo.

En Andalucía, si se aprueba la norma, además de los bares los centros educativos y de ocio infantil, y los lugares públicos deberán ofrecer agua potable. Podrán hacerlo mediante fuentes, pero la norma también prevé exigir “a las empresas de máquinas expendedoras de productos alimentarios que ofrezcan agua refrigerada gratuita a través de sus dispositivos o junto a ellos”. Por ejemplo, poniendo una fuente junto a estas máquinas.

 

Noticia extraida de: http://verne.elpais.com/verne/2016/10/26/articulo/1477475233_204362.html?id_externo_rsoc=whatsapp